RED IBEROAMERICANA DE EXPERTOS EN LA CONVENCIÓN

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales

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dc.creator Courtis, Christian
dc.creator Abramovich, Víctor
dc.date 2001
dc.date.accessioned 2014-08-28T16:23:07Z
dc.date.available 2014-08-28T16:23:07Z
dc.date.issued 2014-08-28
dc.identifier A designar es_ES
dc.identifier.uri http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/429
dc.description Gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en materia de derechos sociales se caracteriza por la repetición de tópicos que, a la luz de la experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de precedentes nacionales, han demostrado ser prejuicios de tipo ideológico, antes que argumentos sólidos de dogmática jurídica. Así, aunque la gran mayoría de las Constituciones de América Latina, la de España y la de Portugal estén alineadas dentro del denominado constitucionalismo social, se ha repetido hasta el hartazgo que las normas que establecen derechos sociales son sólo normas programáticas, que no otorgan derechos subjetivos en el sentido tradicional del término, o que no resultan justiciables. De este modo, se traza una distinción entre el valor normativo de los denominados derechos civiles -o derechos de autonomía, o derechos-libertades-, que sí se consideran derechos plenos, y los derechos sociales, a los que se asigna un mero valor simbólico o político, pero poca virtualidad jurídica. Sin embargo, la cuestión dista de ser tan sencilla. La supuestas distinciones entre derechos civiles y derechos sociales no son tan tajantes como pretenden los partidarios de la doctrina tradicional. La principal diferencia que señalan los partidarios de dicha doctrina reside en la distinción entre obligaciones negativas y positivas: de acuerdo a esta línea de argumentación, los derechos civiles se caracterizarían por establecer obligaciones negativas para el Estado -por ejemplo, abstenerse de matar, de torturar, de imponer censura, de violar la correspondencia, de afectar la propiedad privada- mientras que los derechos sociales exigirían obligaciones de tipo positivo -por ejemplo, dar prestaciones de salud, educación o vivienda. En el primer caso, se dice, el Estado cumpliría su tarea con la mera abstención, sin que ello implique la erogación de fondos, y por ende, el control judicial se limitaría a la anulación de aquellos actos realizados en violación a aquella obligación de abstención. Contra la exigibilidad de los derechos sociales, aun cuando tengan reconocimiento constitucional, se dice que como se trata de derechos que establecen obligaciones positivas, su cumplimiento depende de la disposición de fondos públicos, y que por ello el Poder Judicial no podría imponer al Estado el cumplimiento de conductas de dar o hacer. es_ES
dc.description Courtis, Christian. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho es_ES
dc.description Abramovich, Víctor. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho es_ES
dc.format application/pdf es_ES
dc.language spa es_ES
dc.publisher Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política es_ES
dc.relation Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho;vol(4)
dc.subject Derecho social es_ES
dc.subject Protección social es_ES
dc.subject Social rights
dc.subject Social protection
dc.title Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales es_ES
dc.type article, articulo, publishedVersion es_ES


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